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Un paro en reclamo de aumento salarial en la radio pública terminó con denuncias penales desde la dirección del medio por haber interrumpido la transmisión durante doce horas y con 18 empleados suspendidos. Organizaciones de trabajadores denunciaron una judicialización de la protesta y acusan al Estado de un ataque antisindical.

“Los diez gremios estábamos discutiendo una paritaria con los medios públicos, por unas 40 radios nacionales de todo el país. Todavía no estaba cerrado el acuerdo cuando los compañeros de Radio Nacional Buenos Aires decidieron hacer un paro de actividades. Eso fue muy mal visto por la empresa que reaccionó muy violentamente, e inclusive inició la suspensión en base a información que le proporcionaron los custodios y en esa lista de 18 compañeros hay una chica que estaba de licencia por estudios, por lo que no podía estar ahí ni podía ser suspendida”, relató José Insaurralde, secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), que lleva adelante el reclamo ante el Ministerio de Trabajo.

De los 18 suspendidos, 11 pertenecen a la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (ATRANA), una nueva agrupación que aún no tiene reconocimiento del Ministerio de Trabajo, por lo que aseguran que hay una persecución sindical.

Cecilia Bari, secretaria General de Atrana, recordó que a menos de una semana del paro del 25 de junio, “nos encontramos con un montón de personal de seguridad en la puerta de la radio que nos impidió entrar a trabajar. Ahí nos enteramos que nos había suspendido. Ellos aducían que por haber tomado el edificio, pero fue un paro común y silvestre, como tantos que hemos hecho en Radio Nacional”.

“Los compañeros dicen que hay una persecución ideológica, nosotros no podemos establece si eso es así. La mayoría de los s suspendidos pertenecen a esta agrupación, entonces habría discriminación, persecución ideológica, y nos parece que a esta altura de la vida democrática, no debería ocurrir”, agregó el secretario adjunto de Fatpren.

A partir de allí comenzó la negociación en el Ministerio de Trabajo. “Como federación nacional hicimos una audiencia de conciliación porque consideramos que la medida era injusta y arbitraria, sin antecedentes de la historia de la radio. La semana pasada se hizo una audiencia en el Ministerio, pero no se llegó a una solución porque la empresa se mantuvo en su posición, y al no haber acuerdo en la etapa de conciliación se pasó para que intervenga la directora de conciliación, y estamos en ese trámite”, detalló el gremialista.

La referente de Atrana, Cecilia Bari, relató también que “la empresa se negó a acatar la conciliación obligatoria, que forzaba a retrotraer todo hasta el día antes del paro. Ahí la empresa redobló la apuesta e hicieron una denuncia en el juzgado de María Servini de Cubría por atentado contra la seguridad pública”, y denunció que “el Estado mismo está judicializado una protesta sindical, intentando transformarla en un caso judicial y queriendo encorsetar la lucha de los trabajadores”.

Sobre la denuncia penal, Insaurralde aclaró que los acusados “niegan esas acusaciones y sostienen que no obstaculizaron los programas, porque la conductora del programa en ese momento los saludó al aire y se pudo transmitir con toda normalidad. Para nosotros es un caso ganado, porque se han violado derechos de manera grosera”.

Desde la administración de la Radio tienen otra postura sobre los hechos. En estricto off the record, un funcionario del medio desmintió que fuera una medida antisindical: “Es absolutamente falso que haya una persecución política. Hubo un acto de indisciplina y punto. Acá hay gente que ha sido sancionada, hay gente que fue sometida a un sumario y listo, de persecución nada”, sostuvo.

“Esto se está dirimiendo en el Ministerio de Trabajo, en la Justicia y en un sumario interno. Seis personas van a tener el más legítimo derecho a defenderse, que es un sumario, los restantes no han hecho ninguna petición formal a la radio”, señaló.

El funcionario recordó que el 19 de mayo de 2009 el acto fundacional de Atrana se hizo en el edificio de Radio Nacional. “¿Cómo va a haber persecución si un mes antes la radio autorizó el uso del auditorio nacional para que hagan el acto fundacional?”, preguntó con ironía y sostuvo que no hay “nada con estos chicos, en qué cabeza cabe. Se mandaron una macana insoportable. En vez de esperar que el Ministerio les diese el reconocimiento, se fueron de mambo y creo que fue un acto absolutamente irreflexivo”.

También aseveró que se realizó una denuncia penal. “Hubo un serio caso de indisciplina. Se los acusó de tomar el aire e impedir la emisión de la programación durante doce horas, por lo que se hizo una denuncia por violación del artículo 197 del código penal”, explicó.

Por último, negó que la administración de la radio no haya cumplido la conciliación obligatoria realizada desde la cartera de Trabajo.

Si bien admitió que se dictó la medida, dijo que “todavía le estamos preguntando al Ministerio entre quién y por qué es la conciliación obligatoria. No sabemos de qué conflicto, porque no tenemos ningún conflicto con Fatpren. Tildamos de nulidad esa resolución porque no tiene pies ni cabeza”, y agregó que “no hay ningún conflicto colectivo de trabajo, hubo 18 actos de indisciplina y la radio tomó las medidas que creyó pertinente. Si estuviésemos incumpliendo una conciliación obligatoria ya nos habrían matado a todos en el Ministerio de Trabajo, habría una multa y no hay nada de eso”.

La dirección de la radio. La referente de Atrana, Cecilia Bari, señaló también que con la llegada de Eduardo García Caffi a Radio Nacional, “a diferencia de las gestiones anteriores, se cortó todo diálogo y se intentó trasformar la radio en un lugar bastante inhabitable. A partir de estas suspensiones, se está ejerciendo en la radio el terror, le dicen a la gente que si llegan a ir a una asamblea o si charlan con nosotros en la puerta, van a ser sancionados”.
fuente: Cadena Global.com.ar http://www.diariodigitalglobal.com.ar/noticias/noticia.php?cod_noticia=247&tabla=comunicacion

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