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Los propietarios de radios y televisión nucleados en la Capert insisten en que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) deje sin efecto la resolución por la cual se establece que las radios comunitarias reciban publicidad estatal.
Según fuentes cercanas al Gobierno, esta semana el ente regulador podría revisar la normativa y ajustarse a una de las propuestas de la Capert, que es la de subsidiar a los medios alternativos, a través de una parte del rubro destinado a los denominados Fondos de Servicios Universales.
Para Jorge Seall, titular de la Conatel, con el cambio de la resolución, lo único que se busca es que las radios alternativas tengan una forma de sustentabilidad económica.
Sin embargo, para los propietarios de las radios comerciales, con la disposición se atenta contra el principio básico de estos medios, ya que fueron creados sin fines de lucro.
Independientemente a que el ente regulador revise en estos días su resolución, hace dos semanas propietarios de medios recurrieron ante el Tribunal de Cuentas para dejar sin efecto la normativa del servicio de radiodifusión sonora de pequeña y mediana cobertura. La acción fue presentada por el abogado Juan Carlos Cañiza, en representación de Radio 1º de Marzo AM, Radio Ñandutí, Radio Canal 100, Radio Ypoá, Radio 1.000, Cadena Musical Comunicaciones, Radio Conquistador FM, Radio FM Más de Coronel Oviedo y por Canal 13.
Antecedentes
El 3 de diciembre último, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) modificó varios artículos de dos resoluciones, una del año 2002 y otra de 2004, que "Reglamentan el servicio de radiodifusión sonora de pequeña y mediana cobertura".
Entre las modificaciones más importantes se resalta que, a partir de ahora, las denominadas radios comunitarias "podrán obtener recursos provenientes de aportes solidarios, anuncios de entidades públicas, o de otras fuentes que sean generados dentro de su área de cobertura".
De esta manera, el ente regulador de las telecomunicaciones blanquea lo que de hecho, durante este gobierno ya se estaba realizando, que es la de otorgar avisos a medios alternativos que ni siquiera contaban con la autorización para operar, es decir, eran piratas.
El 9 de noviembre último, ABC Color denunció que el gobierno de Fernando Lugo financiaba a 51 radios comunitarias mediante publicidad estatal pagada con dinero de la Itaipú binacional.
Los fondos ya eran destinados a estos medios sin que, por un lado, hayan tenido la autorización de la Conatel para operar y, por otro lado, sin que la normativa faculte a las radios comunitarias a recibir publicidad estatal.
Pero desde el Gobierno operaron rápidamente para "blanquear" toda esta operación y finalmente, el 3 de diciembre, la Conatel acomodó la reglamentación.
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