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Manuel Barrientos informa sobre recientes decisiones del gobierno español que afectan el carácter público de RTVE, considerado hasta ahora un punto de referencia para los sistemas públicos de medios. 
Por Manuel Barrientos *
Considerada como punto de referencia para los sistemas de medios públicos de toda Iberoamérica, la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) está viviendo una de sus crisis más graves desde la consolidación democrática lograda en ese país hace ya tres décadas. Con la asunción de Mariano Rajoy como presidente en diciembre último, el gobierno del Partido Popular (PP) impulsó una reforma del órgano de dirección de la RTVE, que incluyó también un profundo recorte presupuestario. Desde los partidos de la oposición, las organizaciones sociales y los sindicatos se alzaron voces críticas que señalan que estas medidas restringen los niveles de pluralidad y de calidad que había logrado el multimedios estatal en los últimos años.
El viernes 20 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que permite que el presidente de RTVE pueda ser elegido por mayoría absoluta del Congreso, y no ya por la mayoría de dos tercios que exigía la normativa implementada por la gestión del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Así, el PP no necesitará del acuerdo con otros bloques para imponer la dirección del sistema público de medios.
Además se redujo de doce a nueve el número de representantes en el Consejo de Dirección de RTVE. Cinco de ellos serán elegidos por el Congreso de los Diputados; los cuatro restantes, por el Senado. Con esta modificación, los trabajadores perderán los dos miembros que tenían en el órgano de gobierno. Los sindicatos afirmaron que se trata de una "radical involución en el proceso de democratización de RTVE".
Con todo, los voceros oficiales justificaron estas medidas por la "situación de bloqueo institucional" que sufría RTVE. Pero también reconocieron que esa "parálisis", en realidad, impedía la implementación de un recorte de 204 millones de euros sobre un presupuesto global de 1200 millones. "Ante las serias dificultades para cumplir con el ajuste que presenta la Corporación, debemos proceder a fórmulas de desbloqueo", explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Desde el PSOE acusaron al gobierno de poner fin a la pluralidad que los medios públicos habían conseguido a partir de 2006. Por su parte, Izquierda Unida señaló que, con el "decretazo", el PP mostró su "incapacidad para llegar a acuerdos con ningún partido político". Y el actual Consejo de Dirección de RTVE advirtió que el recorte presupuestario afecta "sustancialmente" a la oferta de programación. "El riesgo es que nos encaminemos a una radio-televisión pública de carácter testimonial y apenas relevante", afirmó la presidenta rotatoria de la Corporación, Teresa Aranguren.
Creado en 1956, el canal TVE fue, en sus inicios, un órgano de propaganda del franquismo. De hecho, su primer director, Jesús Suevos Fernández, era uno de los fundadores de la Falange en Galicia. Esa estructura recién comenzó a desmontarse con la consolidación democrática en los años '80. Pero el verdadero cambio llegó en 2006, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero: por primera vez el presidente de la Corporación (el periodista Luis Fernández) fue electo por el Congreso de los Diputados. También se modificaron los servicios informativos y se apostó a la programación propia. Así, TVE volvió a recuperar el liderazgo en el público español.
Luego, en enero de 2010, se suprimió la publicidad. Hoy, el 50 por ciento de la inversión en RTVE es solventado por el presupuesto oficial. El resto proviene de un impuesto extra del 0,9 por ciento a las compañías telefónicas, del 3 por ciento de los ingresos de las televisiones privadas abiertas y del 1,5 por ciento del servicio de cable. Pero el gobierno de Rajoy ya analiza la vuelta de la publicidad y la privatización de los canales de las comunidades autónomas. Ese camino que España parece desandar –el de un sistema de medios estatal concebido como un servicio público, sujeto al control parlamentario, pero no del gobierno– podría dar sus primeros pasos en la Argentina con la implementación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pese a que mantiene el sesgo gubernamental, el directorio de la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado debe estar compuesto por directores propuestos por los tres partidos opositores de mayor peso en el Congreso nacional. Sin embargo, estas fuerzas aún no han designado a los representantes.
La experiencia española enseña que, ante las siempre acechantes fuerzas privatizadoras, se requiere de la participación real no sólo de los principales partidos políticos sino, también, de los movimientos y organizaciones sociales que comparten el sentido de la defensa de los espacios públicos.
FUENTE:Página/12
Imagen gracias a:jmalvarezblog.blogspot.com

Via @yimbergaviria

 
 

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